La cancha dispareja

A fines de 2012 también en La Semana Jurídica, al tratar los desafíos prioritarios del derecho del trabajo para 2013, escribí sobre la necesidad de remover los obstáculos que el Plan Laboral (PL) impuso a la libertad sindical (LS) en 1979 y que los gobiernos post dictadura han sabido mantener con impecable eficiencia. Dado el actual escenario, es probable que tal necesidad se torne perenne. Veamos el porqué. En cualquiera de los ángulos - sindicación, negociación colectiva (NC) y huelga- del metafórico triángulo equilátero que constituye la libertad sindical que uno examine en la ley chilena, nos encontraremos con la huella de la inocuidad inyectada por la mano de quienes los asumieron como limitaciones intolerables al libre mercado. Sindicatos minúsculos y faltos de representatividad; negociaciones colectivas dirigidas hasta el cansancio por un legislador que desconfía de ellas al punto de asumir como contrato colectivo la mera imposición del legislador (ver art. 369 CT y todos los casos en que se obliga a aceptar a los trabajadores la última oferta del empleador) y una huelga deliberadamente entregada a la ineficacia, expresan esa huella. Se sabe que no hay reconocimiento de la libertad sindical si no se reconoce a esos tres pilares conjuntamente. Basta examinar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 para reconocerlo, además, como un derecho que el Estado de Chile debe respetar y promover. Desde hace varios lustros ese estándar debió ser el eje de las políticas públicas en materia laboral y debió también haberse traducido en la remoción de todos los obstáculos que afectan la vigencia de la LS. Sin embargo, nada de ello ha ocurrido y si bien sigue latente como necesidad, todos los signos actuales nos llevan a descreer las promesas que, desde el poder se manifiestan, aunque se vistan de seda. Para explicar nuestra desesperanza basta examinar las manifestaciones de intenciones respecto a la agenda a seguir, de parte del Gobierno y de la CUT, esto es, de dos actores, a priori, imprescindibles a la hora de generar tales cambios. En el Programa del actual Gobierno se dio cuenta de la necesidad de cambios a la institucionalidad laboral, siendo claro en cuanto al imperativo de nivelar la cancha entre empleadores y trabajadores, asumiéndose el compromiso de promover la capacidad y autonomía de las partes para negociar en igualdad de condiciones. Se advirtió también que, para aumentar los ingresos de los trabajadores es necesario aumentar la productividad. Se trata de compromisos de un tenor similar a otros que ilusionaron a los trabajadores en programas presidenciales pasados y que, en todo caso, han de ser calibrados en su poder de encantamiento a la luz de los medios de los que el Gobierno pretende valerse para materializarlos. He aquí los medios propuestos para esos fines: a) el término del uso artificioso del multirut por afectar, entre otros, al ejercicio de los derechos de sindicalización y NC; b) el impulso de una NC con titularidad sindical incluyendo la extensión automática de los beneficios negociados colectivamente por el sindicato a los trabajadores que se afilien a este; c) para fortalecer la NC, se asume la tarea de informar a los trabajadores cuáles son sus derechos y deberes; d) la necesidad de establecer la normativa que permita que el sindicato cuente con información oportuna sobre la situación económica de la empresa, en particular la información sobre el Estado de Resultados y Balance General, que el empleador deberá entregar de manera obligatoria; e) potenciamiento del programa de formación sindical que existe en el Ministerio del Trabajo ; f) introducción de mejoramientos y simplificaciones al proceso de NC reglada; g) el término del reemplazo durante de la huelga; h) que, considerando las condiciones económicas de la empresa, la NC tenga como base las condiciones de la NC anterior; i) que los permisos sindicales sean ampliados y de cargo de la empresa. Cabe deducir que estas medidas se asocian a lo afirmado en el mismo programa, en cuanto a que para aumentar los ingresos de los trabajadores también es necesario su poder de negociación al interior de la empresa. La CUT, por su parte (ver al respecto, Acta de Sesión 8ª especial, Comisión de Trabajo de la H. Cámara de Diputados de 12 de mayo de este año), ha manifestado perseguir el fortalecimiento del actor sindical en las reformas y procesos laborales, la modificación del procedimiento de negociación colectiva, el aumento del salario mínimo, la necesidad de potenciar las tasas de sindicalización nacional; nueva institucionalidad relacionada a la salud y seguridad en el trabajo; nueva calificación de trabajo pesado; capacitación de líderes sindicales y mejor focalización de beneficios entre otros. La misma organización a través de su Presidenta (ver su Cuenta ante el Consejo Directivo Ampliado CUT, de 11 y 12 abril 2014) ha manifestado la pretensión por metas ya consignadas dentro de las del Gobierno: nueva institucionalidad laboral, fortalecimiento del sindicato como único instrumento negociador, el fin del reemplazo en la huelga, el piso de negociación en base al último proceso y la titularidad de los beneficios ganados en la NC por el sindicato. Se advierte entonces, que el norte a seguir por el actual Gobierno en lo venidero (y no contradicho en lo absoluto por la CUT), en el ámbito colectivo del trabajo ha de ser y aunque haya resistencia a reconocerlo e irritación al escucharlo, la mantención de la estructura trazada por el Plan Laboral: sindicato y negociación colectiva al nivel de empresa y, al igual que en el Plan Laboral, sin reconocerle a los trabajadores un poder real de negociación, sin el cual de poco sirve declarar, como lo hace el programa de la Nueva Mayoría, la necesidad de aumento de la productividad como premisa para aumentar los ingresos de los trabajadores, con lo cual fácil es prever que, con total independencia de los aumentos en la productividad de las empresas, los resultados de la NC para los trabajadores seguirán siendo pobres y a distancia sideral de dicha productividad, como ha tenido ocasión de demostrarlo el destacado economista Gonzalo Durán de la Fundación Sol. Pero al menos José Piñera, gestor del PL, explícitamente manifestó que la NC en dicho plan no se asumió como un medio para favorecer la distribución de la riqueza y su preocupación pasó por evitar que los trabajadores por medio del ejercicio de la huelga pudieran afectar la economía al obtener remuneraciones por encima de la productividad. Por cierto no fue preocupación del PL reconocerle a los trabajadores el poder real de negociación (con derecho real de huelga) para aspirar a acercarse a la justa retribución según productividad, pero esta circunstancia no fue ignorada por J. Piñera; por el contrario, explica el que se reconociera en el PL el derecho de los trabajadores a exigir como piso de la NC, lo obtenido en la NC anterior (con la crisis de principios de los 80 se eliminó la reajustabilidad), mismo derecho que ahora se ofrece como uno de los medios para el emparejamiento de la cancha. Descartados estos medios para tal equilibrio ¿cuáles quedan para ilusionarse con esta quimera? No lo será el término del uso artificioso del multirut, pues la mediocre ley recién aprobada no solo no termina con el multirut, sino que ha venido a complejizar el derecho de formar sindicatos y negociar colectivamente en las empresas que se valen de tal artificio; tampoco lo será la titularidad sindical en la NC, pues la tardía eliminación de los grupos de empresa no conllevará per se un poder real de NC a los sindicatos; respecto del derecho de información poco que decir: la norma ya existe (art. 315 inciso 5°CT); el mayor conocimiento de los derechos de los trabajadores y el pago de los permisos sindicales por empleadores (paradojalmente una inequívoca demostración de la precariedad del patrimonio y autonomía sindical) lógicamente no alterarán el actual desequilibrio de poderes. Queda por último, la eliminación del reemplazo de los huelguistas. Es un petitorio mínimo, exigido hace años, más aún ante el descaro de la burla que se ha hecho de la modificación del art. 381 CT en 2001. Sin embargo, una mirada global de lo pretendido desfigura su importancia. Evitar el reemplazo de los huelguistas en un escenario de NC al nivel de empresa, manteniendo la huelga en el rincón estrecho a que lo relega el Libro IV CT, plagado de imposiciones legales (cuándo votarla, con qué quorum, cuándo materializarla, única modalidad, etc.) con la posibilidad cierta de un reemplazo desde el exterior a través del expediente de la subcontratación, no tendrá poder real de emparejamiento de la cancha. Así las cosas, sin reconocimiento efectivo del derecho de huelga y sin remoción de todos los obstáculos para que la negociación colectiva tenga la capacidad cierta de superar el enclave de la empresa, con sindicatos genuinamente representativos, no habrá equilibrio en esa cancha donde todo parece indicar que continuará jugando un solo equipo mientras el otro seguirá esperando pacientemente en camarines. César Toledo Corsi (artículo publicado en "La Semana Jurídica", fines de junio 2014)